CONSEJO DE MINISTROS
El Gobierno da luz verde al Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas
5/10/2012
El nuevo texto normativo protegerá mejor el litoral frente a los excesos urbanísticos y generará confianza y mayor actividad económica
Modifica la anterior Ley de Costas de 1988 para garantizar la protección y conservación y clarificar el alcance del dominio público marítimo terrestre, así como los deslindes, concesiones y usos de las costas
Beneficia a quienes estaban legítimamente en el litoral, pero no supone una amnistía para las situaciones ilegales
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988.
El nuevo texto normativo protegerá mejor el litoral frente a los excesos urbanísticos y generará confianza y mayor actividad económica, con el objetivo de ser un instrumento eficaz de protección y conservación del litoral. y proporcionará seguridad jurídica a los ciudadanos y empresas
Además, resolverá la situación de vencimiento de las concesiones previstas en la anterior norma (de 30 años desde la ley de 1988), es decir, en 2018 con la consiguiente pérdida de los derechos de sus titulares. Así, el Gobierno pretende acabar con la indeterminación y ambigüedad existente desde hace décadas y que ha permitido la proliferación de diversas ocupaciones irregulares.
PRINCIPALES MODIFICACIONES
Se define mejor el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y se aplicarán criterios estrictamente técnicos para deslindar la costa con la consiguiente seguridad jurídica para propietarios, concesionarios y usuarios.
La reforma, introduce un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural). Para éstas últimas, se impondrá un nivel de protección mayor aún al ya vigente.
Para reforzar los mecanismos de protección del litoral, la Administración General del Estado tendrá la facultad de suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre, o que supongan una infracción de las prohibiciones establecidas en la zona de servidumbre de protección, impugnando dichos acuerdos ante los tribunales; con ello se podrá evitar que se reproduzcan casos de construcciones ilegales.
Otra medida esencial para la protección del litoral es que se impiden nuevas edificaciones en el DPMT y se prohíbe que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie.
Para conseguir una completa seguridad jurídica, se garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos; para ello, los bienes de DPMT se deben inscribir en el Registro de la Propiedad, y además la información sobre los deslindes se tendrá que se inicie un nuevo deslinde. Por último todos los ciudadanos accederán vía Internet a los deslindes.
Con objeto de facilitar la viabilidad y sostenibilidad de las actividades económicas, se amplían los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años, como hacen otras leyes como la Ley de Aguas, siempre que se trate de actividades respetuosas con el DPMT. Con ello, se proporciona a dichas actividades un horizonte amplio de actividad e inversión, a la vez que se fomenta una mayor corresponsabilización de los concesionarios hacia la conservación del DPMT.
Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley de reforma por un plazo máximo de 75 años.
No obstante, no se trata de una prórroga indiscriminada, sino que en aquellos casos en los que las concesiones amparen ocupaciones para usos destinados a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera, será necesario un informe ambiental específico para otorgar la prórroga.
APOYO DE LA COMISIÓN EUROPEA
La Comisión Europea, una vez conocido este nuevo texto, ha valorado muy positivamente su contenido porque considera que dará seguridad jurídica a los europeos con propiedades inmobiliarias en el litoral español.
La reforma tiene el objetivo primordial de proteger mejor nuestro litoral frente a excesos urbanísticos y beneficiar a quienes se encontraban legítimamenten la costa, pero no es una amnistía de situaciones ilegales. Porque hay 10.000 viviendas en Dominio público marítimo terrestre, la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. Además, solo en 2018 expiran unas 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.
La nueva Ley generará confianza y certidumbre para las ocupaciones y la actividad económica. Existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo.
Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales, más de 3.000 son “chiringuitos” (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos). Como ejemplo de la dimensión del empleo relacionado con este sector, se estima que solo en Andalucía suponen más de 40.000 empleos.
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-gobierno-da-luz-verde-al-proyecto-de-ley-de-protecci%C3%B3n-y-uso-sostenible-del-litoral-y-de-modificaci
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Luz verde a la reforma de la Ley de Costas que evitará demoler miles de viviendas
Europa Press | Madrid
El Gobierno ha aprobado este viernes el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988, una norma que elevará hasta 75 años las concesiones de viviendas en playa, permitirá al Estado suspender acuerdos municipales contrarios a la normativa, establecerá concesiones de cuatro años para los ‘chiringuitos’ y modifica las normas del deslinde administrativo.
El Consejo de Ministros ya abordó el pasado mes de julio el anteproyecto de ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y la modificación de la Ley de Costas. Ante la ausencia del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que viajará a Malta para participar en el Diálogo 5+5, el Consejo de Ministros ha estado presidido por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Según el Gobierno “protegerá mejor el litoral”
Según el Gobierno, el nuevo texto “protegerá mejor el litoral frente a los excesos urbanísticos y generará confianza y mayor actividad económica, con el objetivo de ser un instrumento eficaz de protección y conservación del litoral. y proporcionará seguridad jurídica a los ciudadanos y empresas”.
“La reforma tiene el objetivo primordial de proteger mejor nuestro litoral frente a excesos urbanísticos y beneficiar a quienes se encontraban legítimamente en la costa, pero no es una amnistía de situaciones ilegales”, sostiene el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) en una nota de prensa.
Según enumera, “hay 10.000 viviendas en Dominio público marítimo terrestre (DPMT), la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. Además, sólo en 2018 expiran unas 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición”.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete ha justificado la reforma de la Ley de Costas “por la imagen que se generaría de España” al efectuar “demoliciones masivas de viviendas”.
En cualquier caso, el titular de Medio Ambiente ha señalado que “todo lo que sea ilegal en la costa será demolido y se actuará sobre ello”, en alusión al hotel constuido en El Algarrobico (Almería). Cañete también ha hecho alusión a los deslindes que, gracias a la nueva normativa, se podrá consultar a través de Internet para que los ciudadanos puedan comprobar “si su vivienda o parcela está afectada por limitaciones de dominio público”.
Según argumenta el MAGRAMA, “existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo”. De ellas, 1.700 son ocupaciones industriales mientras que más de 3.000 son ‘chiringuitos’ (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos).
Entre otras actuaciones, la norma introduce una reforma en relación con el uso de las playas. La reforma contempla un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural). Para estas últimas, se impondrá un nivel de protección mayor al vigente.
Asimismo, se impiden nuevas edificaciones en el dominio público marítimo-terrestre “y se prohíbe que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie. Los bienes de DPMT deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad”.
Críticas de los ecologistas
Cuando se conoció el contenido de la reforma, el pasado mes de julio, las organizaciones ecologistas coincidieron en criticar esta reforma pues consideran que la ampliación de las concesiones a 75 años supondrán un gran daño ambiental.
Los ecologistas han vuelto a mostrarse críticos ante la reforma definitiva de la ley. Greenpeace, WWF y Ecologistas en Acción han calificado de “engaño” la nueva ley.
Resaltan que el proyecto “ignora los problemas actuales del litoral” relativos a temas como la regresión de la línea de costa, el deterioro de los ecosistemas marinos o la presión urbanística, entre otros.
Greenpeace ha recordado que la tramitación de esta ley “no ha contado desde el principio” con las principales organizaciones ecologistas e institutos de investigación. “En ningún momento se tuvo acceso a los borradores previos, de un borrador que se ha elaborado por un bufete de abogados ajenos al Ministerio de Medio Ambiente”, ha destacado.
Por último, ha destacado que “se está aumentando exponencialmente el gasto de dinero público en mantenimiento artificial de la costa”.
Mientras, la asociación Ecologistas en Acción ha calificado de “pésima noticia” el proyecto al entender que supone una “frivolidad” y una “irresponsabilidad total” puesto que “busca favorecer con irregularidades” en base a “intereses particulares y amiguismos”.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/05/natura/1349434672.html
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CONSEJO DE MINISTROS | Prórroga de 75 años más para las casas junto al mar
Cañete reforma la Ley de Costas por ‘la imagen de demoliciones masivas en España’
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Miguel Arias Cañete ha justificado la reforma de la Ley de Costas aprobada en Consejo de Ministros “por la imagen de España que se generaría” al efectuar “demoliciones masivas de viviendas” a partir del año 2018. Fecha en la que expiran las concesiones de casi 2.000 viviendas, lo que obligaría a su demolición.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Arias Cañete ha indicado que, “dentro de cinco años, se tendrían que haber empezado a demoler, sólo en 2018, cerca de 2.000 viviendas en el litoral, con la imagen de España que se generaría de muchísimas personas que habían invertido en el país y que luego veían que una modificación del sistema jurídico les desposeía de sus viviendas y obligaba a demolerlas con enorme coste”.
En cualquier caso, el titular de Medio Ambiente ha señalado que “todo lo que sea ilegal en la costa será demolido y se actuará sobre ello”, en alusión al hotel construido en El Algarrobico (Almería).
La nueva norma permite comprobar ‘si una vivienda o parcela está afectada por limitaciones públicas’
Cañete también ha hecho alusión a los deslindes que, gracias a la nueva normativa, se podrá consultar a través de internet para que los ciudadanos puedan comprobar “si su vivienda o parcela está afectada por limitaciones de dominio público”.
A juicio del ministro, estos cambios “tienen que mejorar la confianza de los inversores extranjeros y permitir dar salida al ‘stock’ de vivienda que muchas veces, por la imagen de España de inseguridad jurídica, lleva a frenar las inversiones en el litoral”. Por ello, ha subrayado que no se trata de “una ley de amnistía” ya que establece “un marco regulatorio mucho más claro” que permitirá evitar “la sensación de arbitrariedad”. “No es más laxa ni tolerante”, ha reiterado.
En este punto, ha detallado que “lo ilegal será demolido, lo que era legal y estaba sometido a concesión se prorrogará a petición de sus titulares; y las instalaciones industriales se analizarán desde el punto de vista medioambiental para ver si son sostenibles y afectan a los ecosistemas marinos o hábitat naturales para tener una política de conservación real de las playas y el litoral”.
Hay unas 23.000 ocupaciones no residenciales en los cerca de 10.000 kilómetros de costa De este modo, Arias Cañete ha recordado que actualmente, en los cerca de 10.000 kilómetros de costa que hay en el litoral, existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo. Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y 3.000 ‘chiringuitos’. Como ejemplo de la dimensión del empleo relacionado con este sector, Cañete ha cifrado en 40.000 el número de empleos que se generan solo en Andalucía.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/05/suvivienda/1349451228.html
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