Europa contra la Ley de Costas española

El País 20/10/2008
Londres y Berlín presionan a España contra la Ley de Costas
Las embajadas piden explicaciones por las expropiaciones a sus súbditos - "Hacemos 'lobby' para defender la propiedad privada", afirma un texto británico
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 20/10/2008
Cliff Carter no sale de su asombro. "¿Usted cree que la gente en España no protesta porque lo heredó de la época de Franco?". Este jubilado británico llegó en 2003 a Valencia a vivir en la casa que sus suegros le habían dejado a su mujer, María José Ruiz, que se define como Miss Carter (herencia de 30 años en las islas). La casa, blanca, de dos plantas, construida en los años setenta, tranquila a más no poder, está en la playa de El Saler, en un parque natural a 15 kilómetros de Valencia. El 2 de abril pasado recibieron una carta que aún marca al matrimonio. En ella, la Dirección General de Costas les comunicaba que había completado el deslinde de la zona y que, en virtud de una ley de 1988, la construcción estaba en dominio público, que podían pedir una concesión para seguir disfrutándola durante 30 o 60 años. Y Cliff no lo entiende. Cientos de extranjeros (la mayoría británicos y alemanes) y miles de españoles se encuentran en la misma situación. Y las quejas han cruzado la frontera.
El Reino Unido y Alemania han pedido explicaciones a España por lo que consideran expropiaciones abusivas a sus súbditos en la costa española. Las embajadas de estos países han reclamado al Ministerio de Medio Ambiente aclaraciones sobre la Ley de Costas, vigente desde 1988, pero cuya aplicación se aceleró en 2004, con la llegada de Cristina Narbona al ministerio. Miles de españoles y cientos de extranjeros han visto cómo sus casas en primera línea de playa están pasando a manos del Estado. Pueden usarlas durante al menos 30 años, pero no pueden venderlas ni ampliarlas y para hacer obras necesitan un permiso.
Las presiones son frecuentes. El 21 de mayo de 2007 el secretario del Ministerio de Exteriores británico, Peter Ricketts, "elevó la cuestión" al embajador español en Londres, según explica un documento del Ejecutivo británico al que ha tenido acceso EL PAÍS. En septiembre de ese año, Ricketts "trató la cuestión" con el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, durante una visita oficial a Madrid. Finalmente, el pasado 18 de septiembre, la secretaria de Estado de Asuntos Consulares de Reino Unido, Meg Munn, se reunió en el Ministerio de Medio Ambiente con el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, y con la directora general de Costas, Alicia Paz Antolín, para pedirles detalles sobre la ley y su aplicación.
"Nuestra embajada en Madrid ha elevado la preocupación a alto nivel, a menudo, en colaboración con otras embajadas de la Unión Europea cuyos ciudadanos también se han visto afectados. Seguiremos haciendo lobby en el ámbito nacional y regional para conseguir más seguridad para los derechos sobre la propiedad privada en España", escribía el pasado marzo un responsable británico. En ese mismo texto añadía, sin embargo, que el Reino Unido "no puede interferir en las leyes de otro Estado soberano". Los consulados en España a los que acuden los británicos a protestar recomiendan quejarse ante el Defensor del Pueblo o llevar el caso al Parlamento Europeo, algo que ya han hecho. El vicecónsul británico en Alicante, John Tomlinson, respondió por escrito a Cliff en febrero pasado: "Lamento conocer otro ejemplo más de los problemas que los ciudadanos británicos están padeciendo en relación con la propiedad en España y comprendo los problemas que le está causando".
Entre los aliados de Reino Unido está Alemania, según fuentes próximas a los encuentros. Representantes alemanes se reunieron antes del verano con el Ministerio de Medio Ambiente para trasladar quejas parecidas. Un portavoz alemán admite: "Por supuesto, estamos en contacto con las autoridades españolas para informarnos sobre la ley y su aplicación".
La directora general de Costas, Alicia Paz, asistió a la última reunión con los representantes británicos. "Querían más bien información técnica sobre la ley y su aplicación y dijeron que compartían el espíritu de la ley", explica a este periódico en su despacho en la primera entrevista desde que en julio fue nombrada.
El Reino Unido comprende que España quiera limitar los daños del desbarre urbanístico en la costa. Lo que no acaba de compartir es el método que utiliza España para expropiar a los dueños de las casas. Considera que afecta a compradores de buena fe y que no siempre garantiza la seguridad jurídica. La mayoría de los registros de la propiedad no alertan de si la propiedad está afectada por un deslinde o si puede estarlo en el futuro. Así que alguien desprevenido puede comprar una vivienda legalmente y verse sorprendido en unos años con que el suelo pasa a manos del Estado. Medio Ambiente anuncia que prepara un convenio con los registradores y notarios para asegurarse de que las servidumbres de la Ley de Costas queden reflejadas de forma clara y rápida en las escrituras de propiedad.
Los británicos lamentan que llueve sobre mojado, ya que los problemas se unen a casos como el de la ley valenciana de urbanismo, que propició la expropiación a cientos de británicos para construir urbanizaciones. Los ingleses denuncian el caso a sus diputados, estos al Gobierno y así llegan a la embajada. En casi todos los encuentros bilaterales del último año ha salido el tema de la Ley de Costas.
La ley establece que en primera línea de playa, el llamado "dominio público marítimo terrestre", no puede haber ninguna casa, ninguna piscina. Como muchas de esas construcciones estaban allí desde antes de 1988, la norma establece que el suelo pasará a ser propiedad estatal y que los dueños tendrán una concesión de 30 años, ampliable a 60. El problema es que para delimitar si una casa estaba en la zona pública o privada, Costas tenía que hacer un trámite -el deslinde- sin el cual no se puede aplicar la norma. La ley daba cinco años de plazo para deslindar toda la costa, pero 20 años después aún faltan 1.845 kilómetros (el 17% del total) por deslindar.
El deslinde no es sencillo porque hay que hacer complejos estudios topográficos, ya que la norma define el dominio público con conceptos geográficos. Así, dice que será público hasta "el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos" o "las playas o depósitos de materiales sueltos, tales como arenas, gravas, incluyendo escarpes y guijarros y dunas". Además, suele haber multitud de alegaciones de los afectados, ya que mover la línea uno o dos metros supone mucho dinero. La aprobación de deslindes estuvo prácticamente paralizada entre 1996 y 2004, con el PP, y el Gobierno prevé terminar el deslinde de todo el litoral en 2011. En 2018 comenzarán a caducar masivamente las concesiones otorgadas desde 1988.
En ese trámite, Costas acaba de incluir la casa de Cliff en dominio público. Y junto a ésta, las 80 viviendas de la urbanización La Casbah y el hotel Sidi Saler, de cinco estrellas. Todos fueron construidos en los años setenta. Y los dueños están molestos. "Que apliquen el sentido común. Puede que el hotel no guste. Pero se construyó porque hubo una subasta de suelo público para hacer un hotel. Ahora no nos pueden quitar el suelo. ¿Por qué no empiezan por las miles de casas ilegales que hay en España", se pregunta Roger Zimmerman, el alemán que dirige el establecimiento, y que se ha reunido con la embajada alemana. Zimmerman viste un impecable traje. Poco que ver con la ropa casi veraniega que aún lucen los vecinos de La Casbah.
La urbanización hierve, y al llegar el periodista los vecinos le asaltan espontáneamente para contar sus quejas. "No duermo desde que recibí la notificación de Costas. Ésta es mi casa y no me la pueden quitar", explica Mercedes Gómez. Irene Calvet narra que nació aquí y que ahora vive con sus hijos pequeños: "Me he quedado en paro, y ahora si tengo necesidad no podría vender mi casa".
Las casas de la urbanización más alejadas del mar están a decenas de metros de la arena de la playa, pero en su carta, Costas afirma que "se encuentran en la actualidad sobre el conjunto de dunas de la playa de la Devesa".
Todos los vecinos citan ejemplos de hoteles y edificios mucho más recientes y más cerca del mar, desde el Algarrobico a los hoteles ilegales de Lanzarote que siguen en pie pese a carecer de licencia. Cliff resume: "La casa de al lado valía 600.000 euros. Ahora no podemos vender ésta, y cuando nosotros muramos se acabó, la casa ya no existirá. Si un día queremos venderla, no podremos". El matrimonio Carter posee otro piso en Valencia. La mayoría de afectados tiene su casa en la costa como segunda residencia, según el Ejecutivo, que añade que intenta ayudar a reubicar a aquellos que se ven afectados en una primera residencia.
Los perjudicados se están organizando y han creado la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. Su presidenta, Carmen del Amo, calcula que hay unas 45.000 viviendas que podrían estar marcadas por dicha ley en toda España, un 15% de ellas en manos de extranjeros. "No sé de dónde sacan la cifra de viviendas. No tenemos estimaciones pero me parece elevada" replica Paz Antolín. El Ministerio de Medio Ambiente no comprende que el escándalo salte ahora por aplicar una ley de hace 20 años y que el PP ni tocó en sus ocho años de Gobierno. Y recuerda que ha ganado en los tribunales el 97% de los casos. La mayoría de sentencias de la Audiencia Nacional están de parte del Gobierno.
Paz Antolín afirma que el Gobierno no tiene ningún plan para impulsar una reforma de la ley, recuerda que el Constitucional avaló la norma y que la intención del Ejecutivo es garantizar que todo el mundo pueda acceder y disfrutar del litoral. Aunque la ley permite al Estado rescatar las concesiones en cualquier momento y por un precio que acaba siendo bajo, Paz Antolín niega que ése sea el plan del Gobierno: "No hay previsto un rescate de las concesiones salvo que en algún sitio haya un proyecto de utilidad pública, como un paseo marítimo o una regeneración de playas o dunas".
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Londres/Berlin/presionan/Espana/Ley/Costas/elpepusoc/20081020elpepisoc_2/Tes

Sand could save houses from demolition

The EuroWeekly 16/10/2008

Sand could save houses from demolition

RESIDENTS whose homes face the bulldozer due to the controversial Ley de Costas say they need 12 million square metres of sand to save the roofs over their heads. Devastating reports last week of beach-dwellers’ anguish in Tenerife as they saw their houses being knocked down has incensed property owners along the Almadrava beach in Denia.
Homeowners from Denia, Els Poblets, El Verger and Pego who own first or second residences on the beach have been fighting tooth and nail against authorities. A change in the law three years ago means any properties in Spain within 100 metres of the beach will be knocked down in a bid to fight coastal erosion. But Almadrava beach residents say the erosion of the coast their property overlooks is partly due to neglect by regional authorities. They say 12 million cubic metres of sand would be sufficient to cover the rocks and regenerate the beach, and would also create enough distance between their homes and the shore that these would no longer be threatened with demolition. Commenting on the erosion of Almadrava beach, president of the residents’ association Pere Cardona says 40 years ago the endangered Posidonia plant, which offers shelter and oxygen to marine life, was rife in the area. He said it was so overgrown that local residents would take large quantities of it home to provide bedding for their horses and cattle. Now, however, there is barely a Posidonia plant in sight.http://www.euroweeklynews.com/news/11837.html

La Ley de Costas a revisión YA !!!

El País 14/10/2008
El PP pide indemnizar a expropiados por la Ley de Costas
F. - Santiago
Reconocer la legalidad de los núcleos tradicionales y compensar a los propietarios expropiados del litoral gallego son las reformas de la Ley de Costas de 1988 que ayer el PP insistió en modificar. Esa es la única solución, según los populares, para paliar "las brutales injusticias" que se derivan de la aplicación de la norma.
La proposición de ley que presentó el PP de Galicia pretende que, cuando el Estado se incaute de cualquier propiedad situada en la costa en el marco de los expedientes de deslinde de dominio público, asuma las hipotecas y demás cargas financieras de los inmuebles. Si los titulares de las viviendas renuncian a este derecho de ocupación, siguió su portavoz en el Parlamento autonómico, Manuel Ruiz Rivas, "que reciban del Estado un bien de características similares en un radio de dos kilómetros".
La propuesta del PP incluye que se consideren urbanos los núcleos que estuvieran clasificados como tal en los instrumentos de ordenación vigentes en 1988 y no en los actuales.
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/PP/pide/indemnizar/expropiados/Ley/Costas/elpepuespgal/20081014elpgal_8/Tes
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ABC
El PP propone una reforma de la Ley de Costas que compense a los propietarios expropiados
D. G. - SANTIAGO.
El Grupo Popular de Galicia registró en el Parlamento dos iniciativas con el objetivo de corregir los perjuicios que la aplicación de la Ley de Costas de 1988 va tener sobre miles de propietarios. Para ello, reclaman que el Estado asuma automáticamente las hipotecas y demás cargas financieras que pesen sobre los inmuebles expropiados en el marco de los expedientes de deslinde del dominio público.
Paralelamente, la iniciativa del PP pretende que los titulares de las viviendas y terrenos puedan tener derecho a recibir un bien de características semejantes al anterior, o que se les proporcione una indemnización equivalente al precio de mercado, tomando como referencia el valor medio de los inmuebles situados en un radio no mayor a dos kilómetros y no estén afectados por alguna de las servidumbres establecidas en la citada normativa.
La propuesta fue presentada ayer por el portavoz parlamentario del PPdeG, Manuel Ruiz Rivas, quien estuvo acompañado por la portavoz de Urbanismo, Pilar Rojo, y por el también diputado Enrique López Vega.
Al respecto, el representante popular invitó a PSOE y BNG a sumarse a esta iniciativa que, una vez ratificada en el Parlamento de Galicia, deberá ser trasladada al Congreso de los Diputados, siguiendo el trámite previsto en el artículo 87.2 de la Constitución Española, que reza que «Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir una proposición a la Mesa del Congreso, delegando ante la citada Cámara un máximo de tres miembros encargados de su defensa».
Esta actuación por parte de la oposición surge a raíz de constatar que el Gobierno central continúa tramitando el deslinde de la costa gallega al margen del decreto del 88. Por tanto, consideran que la aplicación práctica de esta ley revela notables deficiencias que, de no ser subsanadas, acabarán provocando la incautación, por parte del Estado, de cientos de propiedades en todo el litoral de la Comunidad Autónoma.
Ruiz Rivas recordó que una de sus principales carencias reside en que no contempla los núcleos rurales tradicionales, «un fenómeno netamente gallego, que forma parte del patrimonio cultural de la Comunidad y precisa de un reconocimiento explícito en la norma estatal».
El PP señala que uno de los puntos que suscita mayores dificultades de interpretación es el régimen transitorio, que amplía de 20 a 100 metros la anchura de la franja costera para los terrenos que, en el año 88, no se considerasen urbanos.
Sin embargo, -apunta- la ley es implacable con las construcciones que, con la entrada en vigor de la norma, no eran de terreno urbano o equiparable. En este sentido, el Partido Popular invoca al realismo político para reformar la Ley de Costas y que se tenga en cuenta la situación registral y de los servicios urbanísticos en Galicia.
Los populares gallegos insisten en que, para determinar si un núcleo debe o no considerarse urbano, no se pueden tener en cuenta criterios actuales, ya que muchos de los núcleos rurales existentes en 1988 y anteriormente presentaban serias carencias registrales y de servicios urbanísticos de los que no se puede responsabilizar a sus habitantes.
http://www.abc.es/20081014/galicia-galicia/propone-reforma-costas-compense-20081014.html
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La Opinión Coruña
El PP pide indemnizaciones para los afectados por los deslindes
Los populares llevan al Parlamento una propuesta para modificar la ley de costas, que esperan que el bipartito acepte negociar. "Nosotros sí queremos soluciones, sí nos preocupamos de este terrible problema de la Galicia costera", proclamó Ruiz Rivas.
X.A. TABOADA. SANTIAGO.
Reparar "injusticias brutales". Con esta premisa, el PP gallego ha presentado en el Parlamento una propuesta para reformar la ley de costas estatal y reducir el impacto de su aplicación sobre las viviendas construidas legalmente en la franja de costa considerada dominio público marítimo-terrestre. Los populares pretenden que cuando el Estado se incaute de cualquier propiedad como consecuencia del deslinde de la costa, el Gobierno central asuma automáticamente las cargas financieras que afecten a los inmuebles u ofrezca a los propietarios originales otra vivienda en el mismo entorno.La iniciativa, presentada ayer por los diputados Manuel Ruiz, Enrique López Veiga y Pilar Rojo, busca dar "soluciones" a los numerosos vecinos de toda Galicia que se han visto afectados por los deslindes y que poseen inmuebles dentro de la legalidad. A raíz de la ley de costas de 1988, el Ministerio de Medio Ambiente está ultimando el deslinde del litoral gallego que, entre otras consecuencias, implica que todas las fincas y viviendas ubicadas dentro de la zona declarada como dominio público marítimo terrestre pasan a ser propiedad del Estado sin que éste tenga que corresponder con indemnización alguna.Cuando esto se produce, el Gobierno puede dejar vivir a los propietarios originales en régimen de concesión durante 30 años prorrogables por otros 30. Para estos casos, el PP propone que el Estado asuma las hipotecas de los pisos afectados. Y si por el contrario, los dueños renuncian a beneficiarse de la concesión, el PP reclama que el Gobierno les ofrezca un inmueble similar al incautado en un radio de dos kilómetros o una indemnización equivalente al precio del mercado.Un problema terrible"Nosotros sí queremos soluciones, sí nos preocupamos de este terrible problema de la Galicia costera", proclamó Ruiz Rivas. El PP calcula que son cientos de viviendas las que se incluirán dentro del deslinde de la costa, como sucede en Marín, Moaña o Cabanas, y que es ahora cuando los propietarios empiezan a denunciar los casos, por lo que irán aflorando más en los próximos meses.La principal razón es que la ley de costas no reconoce los asentamientos tradicionales rurales al borde del mar ni los terrenos que no tuvieran la consideración de urbanos o equiparables a tal calificación antes de 1988, aunque todas estas edificaciones se encuentren dentro de la legalidad y contaran en su día con licencias municipales.El PP llevará su propuesta de reforma al Parlamento gallego y espera que el bipartito abandone su actitud de "soberbia" y cuando menos acepte negociar su iniciativa antes de votarla.
http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008101400_4_228574__Galicia-pide-indemnizaciones-para-afectados-deslindes

Sr. Jefe de Costas: Las gravas del rio Girona deben ir a la Almadraba

Información 11/10/2008
COSTAS
Vecinos de l´Almadrava piden el aporte de 12 millones de m3 de grava para recuperar la playa
M. J. MASCARELL

La Ley de Costas que amenaza con demoler centenares de viviendas del litoral español por ocupar dominio público marítimo-terrestre ya ha empezado a aplicarse con máxima dureza para los propietarios de casas en primer línea. Esta misma semana las imágenes de los desalojos del barrio Cho Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria, recuerdan que en Dénia está pendiente el deslinde de les Marines.

Los vecinos de Dénia, Els Poblets, El Verger y también de Pego (muchos tienen su segunda residencia en el litoral norte dianense) mantienen la lucha contra las intenciones del Ministerio de Medio Ambiente y le recuerdan que también la administración es responsable de la degradación de las playas. La asociación de vecinos de l'Almadrava de Els Poblets entiende que el nuevo deslinde debe estar orientado con criterios ambientales y sociales y, por tanto, su trazado deberá acometerse con el propósito de restituir las antiguas delineaciones de las propiedades de primera línea de mar con respecto a la playa natural antigua, la anterior a la grave regresión sufrida en el litoral a partir de los años 60. Por este motivo, desde el colectivo se pide una vez más que el ministerio recupere la originaria configuración del litoral y eso implica "restaurar una extensa duna formada por miles de toneladas de cantos rodados". De esta manera, algunas de las casas que van a derruirse amparándose en la Ley de Costas y que cuentan con más de 100 años de antigüedad, se mantendrían en pie porque el estado original del litoral no tiene nada que ver con el actual, en el que la erosión ha hecho estragos. El vicepresidente de la asociación vecinal, Pere Cardona, expuso al ministerio, a través de un escrito, que esta duna "estaba protegida de los temporales de otoño por millares de metros cúbicos de hojas de posidonia". Tal era la cantidad de hojas de esta fanerógama depositadas en la playa que, los labradores de los pueblos de alrededor, llevaban los sobrantes a sus establos para preparar las "camas" de los animales y utilizarla posteriormente como abono.

Sin embargo, Cardona recuerda que a partir de los años 40, "este delicado equilibrio se vio alterado".
http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008101100_17_806910__MarinaAlta-Vecinos-lAlmadrava-piden-aporte-millones-grava-para-recuperar-playa

Canfali 101008
Comarca: El Ayuntamiento de Els Poblets aprobará bonificaciones para el IBI y las tasas de basura y agua 10/10/2008
El alcalde de Els Poblets, Jaime Ivars, ha anunciado que en el próximo pleno extraodinario se aprobarán unas bonificaciones aplicables al impuesto del IBI y a las tasas de basura y agua. En la ordenanza fiscal del IBI se regulará una bonificación del 50% de la cuota íntegra de dicho impuesto a favor de aquellos sujetos que ostenten la condición de familia numerosa. Jaime Ivars ha explicado que “nunca es grato para un alcalde y su equipo de gobierno tener que subir los impuestos, pero viendo la situación en la que nos encontramos era la única medida que podía paliar la situación y hacernos llegar a la estabilidad presupuestaria. Es por ello que el alcalde espera que estas bonificaciones ayuden en gran medida a que los vecinos puedan pagar sus impuestos con mayor facilidad”. Además, los inmuebles de uso residencial en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico de la energía solar podrán disfrutar de una bonificación del 20%. También tendrán un 20% de bonificación los inmuebles de uso residencial que tengan instalados sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía solar, pudiendo llegar a un 40% de descuento ya que ambas bonificaciones son compatibles, aplicando siempre las condiciones que se especifiquen en la ordenanza fiscal.
http://www.canfalimarinaalta.es/

Segunda manifestación en Els Poblets

Canfali 07/10/2008
Más de 200 personas manifiestan su disconformidad contra “la abusiva” subida de impuestos en Els Poblets

Denuncian la falta de “comunicación, diálogo y consenso” con la administración local La “abusiva” subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que en el último año ha sido de un 46 por ciento, la imposición de una nueva tasa de basura de 100 euros y la subida del precio del agua en un 80 por cien ha llevado a los vecinos de Els Poblets a salir a la calle para mostrar su disconformidad. El pasado viernes, más de 200 personas, se concentraron en la plaza del Castell para denunciar la “la falta de comunicación y diálogo entre la administración y los vecinos del municipio” y manifestar, su rechazo sobre la subida de impuestos. Con pancartas en las que se reclamaba mayor consenso, la manifestación, convocada por un grupo de afectados, recorrió la mayor parte del pueblo hasta el Ayuntamiento donde, por parte de la organización se leyó un manifiesto en el que se afirmaba que “la decisión de tomar esta vía de comunicación, se debe, simplemente a la imposibilidad de diálogo alguno entre la administración y nosotros ciudadanos” debido a que “consideramos que no facilitarnos el acceso y participación a los plenos, es negarnos uno de nuestros derechos más importantes en democracia como es tener voz y poder opinar”.
http://www.canfalimarinaalta.es/default.asp?resol=&link_directo=noticia&id_noticia=18205