Las Provincias 26/09/2009
Comunidad Valenciana
Afectados de Costas piden a la UE que castigue al Gobierno con la retirada de fondos
La Plataforma denuncia que el Ejecutivo incumple el Informe Auken al impedir el acceso a los expedientes de derribo
REDACCIÓN | VALENCIA
El pasado mes de marzo el Parlamento Europeo aprobó el Informe Auken que denunciaba la situación urbanística en varias autonomías, especialmente la Comunitat, y la aplicación de la Ley de Costas.
El informe propone, entre otras medidas, la interrupción de las ayudas de la Unión Europea a España. Ahora, afectados por la aplicación de la Ley de Costas han solicitado al Parlamento de Bruselas que bloquee los fondos.
El portavoz de la Plataforma de Afectados, José Ortega, señaló a Efe que la petición responde a «la negación y falta de cumplimiento por parte del Gobierno español» de la resolución aprobada por la Eurocámara.
Ortega recordó que el Informe denunciaba la aplicación abusiva de la Ley de Costas con el proceso deslinde del dominio público marítimo que está llevando a cabo el Ministerio de Medio Ambiente desde que el PSOE accedió al poder en 2004.
El portavoz de la plataforma recordó que la ley se aplica de forma «abusiva, caótica y arbitraria». De hecho, en la queja que presentó ante el Comité de Peticiones de la UE denunciaba que el Gobierno estaba infringiendo el principio de no retroactividad de la normativa. Ortega criticó que el Ejecutivo esté negando esta resolución del Parlamento Europeo e incluso sus responsables se muestran sorprendidos cuando se les pregunta sobre el caso.
Para Ortega, la situación se ha agravado en lugar de mejorar desde la aprobación del Informe Auken. En concreto, denunció que el Ministerio de Medio Ambiente está negando a los afectados por los derribos. Se ha producido, en palabras de Ortega, un «incumplimiento masivo» de la normativa.
El portavoz indicó que el Gobierno central, a través del secretario general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, le comunicó a un miembro de la plataforma que el informe europeo «no decía nada de abusos en España», así que «negaba lo evidente», dijo. Además, añadió, «en lugar de hacer caso al Parlamento Europeo», el Ejecutivo «endureció más la situación por un procedimiento turbio, el de denegar el acceso a expedientes de deslindes». En este sentido, Ortega señaló que, asimismo, cuando el deslinde está en marcha, las autoridades «tampoco lo dejan ver, porque dicen que afecta a la intimidad de las personas, algo que no tiene sentido, porque el domicilio se puede ver en internet».
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