¿Como se puede disfrutar de esta playa en el puente del Pilar?. ¿Quien es el responsable de su limpieza?

Las Provincias 26/09/2009
Comunidad Valenciana
Afectados de Costas piden a la UE que castigue al Gobierno con la retirada de fondos
La Plataforma denuncia que el Ejecutivo incumple el Informe Auken al impedir el acceso a los expedientes de derribo
REDACCIÓN | VALENCIA
El pasado mes de marzo el Parlamento Europeo aprobó el Informe Auken que denunciaba la situación urbanística en varias autonomías, especialmente la Comunitat, y la aplicación de la Ley de Costas.
El informe propone, entre otras medidas, la interrupción de las ayudas de la Unión Europea a España. Ahora, afectados por la aplicación de la Ley de Costas han solicitado al Parlamento de Bruselas que bloquee los fondos.
El portavoz de la Plataforma de Afectados, José Ortega, señaló a Efe que la petición responde a «la negación y falta de cumplimiento por parte del Gobierno español» de la resolución aprobada por la Eurocámara.
Ortega recordó que el Informe denunciaba la aplicación abusiva de la Ley de Costas con el proceso deslinde del dominio público marítimo que está llevando a cabo el Ministerio de Medio Ambiente desde que el PSOE accedió al poder en 2004.
El portavoz de la plataforma recordó que la ley se aplica de forma «abusiva, caótica y arbitraria». De hecho, en la queja que presentó ante el Comité de Peticiones de la UE denunciaba que el Gobierno estaba infringiendo el principio de no retroactividad de la normativa. Ortega criticó que el Ejecutivo esté negando esta resolución del Parlamento Europeo e incluso sus responsables se muestran sorprendidos cuando se les pregunta sobre el caso.
Para Ortega, la situación se ha agravado en lugar de mejorar desde la aprobación del Informe Auken. En concreto, denunció que el Ministerio de Medio Ambiente está negando a los afectados por los derribos. Se ha producido, en palabras de Ortega, un «incumplimiento masivo» de la normativa.
El portavoz indicó que el Gobierno central, a través del secretario general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, le comunicó a un miembro de la plataforma que el informe europeo «no decía nada de abusos en España», así que «negaba lo evidente», dijo. Además, añadió, «en lugar de hacer caso al Parlamento Europeo», el Ejecutivo «endureció más la situación por un procedimiento turbio, el de denegar el acceso a expedientes de deslindes». En este sentido, Ortega señaló que, asimismo, cuando el deslinde está en marcha, las autoridades «tampoco lo dejan ver, porque dicen que afecta a la intimidad de las personas, algo que no tiene sentido, porque el domicilio se puede ver en internet».
http://www.lasprovincias.es/alicante/20090926/valenciana/afectados-costas-piden-castigue-20090926.html

Peligro de inundaciones

El Ayuntamiento de Els Poblets exige al Ministerio de Medio Ambiente que ejecute obras en cuatro zonas con riesgo de inundaciones

El alcalde, Jaime Ivars, muestra su inquietud por el peligro para los enclaves afectados en un año en el que pueden adelantarse las lluvias torrenciales

El Ayuntamiento de Els Poblets ha denunciado que el Ministerio de Medio Ambiente continúa sin ejecutar obras imprescindibles para evitar nuevas inundaciones al menos en cuatro emplazamientos del municipio, algunos de los cuales ya se vieron afectados por la riada de octubre de 2007. El alcalde de la población, Jaime Ivars, subrayó en este sentido la pasividad de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la demarcación provincial de Costas, organismos que dependen del Ministerio, a pesar de las continuas instancias remitidas desde el Consistorio para que realicen actuaciones de prevención.

Ivars mostró su inquietud por esta situación debido a que falta poco tiempo para el periodo de lluvias torrenciales que este año, según corroboran los expertos, podría adelantarse y caracterizarse además por una especial virulencia debido a las condiciones climatológicas del verano de 2009. El riesgo en caso de gota fría afecta a la desembocadura del río Girona, a la ribera de este cauce frente al Auditorio y al barranco de Portelles, tanto en el límite con el término de El Verger como a su paso por la carretera de Les Marines.

En este sentido, Ivars aseveró que el margen de la desembocadura del Girona en Els Poblets carece de obras de defensa, por lo que existen dos viviendas totalmente desprotegidas cuyos muros se encuentran ya a apenas un metro de las aguas del río. Esta circunstancia se produce a pesar de que el Consistorio ha exigido intervenciones en la zona desde 2006, antes pues de que se produjera la riada de 2007. Después de esta última catástrofe, Costas sí que habilitó una escollera de protección en el margen del Girona en Dénia y acometió obras ante una vivienda de l´Almadrava en Els Poblets, pero sigue sin llevar adelante el resto de actuaciones exigidas frente a las otras dos viviendas de este último término municipal. En una instancia a Costas enviada en enero de este año, el Ayuntamiento ya advertía de que la integridad de ambos inmuebles peligra. Además, Ivars mostró su perplejidad por el hecho de que tanto la Confederación como Costas aseguren que es el otro organismo el que debe actuar en la zona, pese a que ambos estamentos dependen de la misma administración.

Otro enclave amenazado es el del tramo del Girona ubicado frente al Auditorio, donde se ha producido un corrimiento de tierras que amenaza una propiedad privada y donde la CHJ tampoco ha previsto la instalación de muros de contención que defiendan esta zona del Camí de Alters de una eventual crecida del río. Paradójicamente, en el Auditorio se celebraron en febrero de 2009 unas jornadas para que no volvieran a repetirse inundaciones en la Marina Alta.

También el barranco de Portelles encara una situación delicada. En la zona limítrofe con El Verger, el cauce está repleto de cañas, basuras y restos agrícolas que la CHJ aún no ha limpiado pese a que, tal y como recordó el concejal de Medio Ambiente, Lorenzo Simarro, ésta es una zona de alto riesgo donde a finales de los años 80 se produjo una víctima mortal tras arrastrar su vehículo una avenida de aguas. En este enclave existe un puente construido a muy baja altura que deja un paso muy reducido en el caso de que desciendan caudales por el barranco, con el consiguiente peligro para las urbanizaciones cercanas.

Finalmente, Simarro recordó que a lo largo de las dos últimas décadas las distintas fuerzas políticas que han integrado la corporación de Els Poblets han exigido una modificación del estrecho paso del barranco de Les Portelles en su intersección con la carretera de Les Marines, que en la actualidad tampoco puede absorber caudales importantes, provocando así anegaciones en las viviendas colindantes si tienen lugar gotas frías.

Información 01/09/2009
La Confederación inicia la retirada de las algas y los lodos que provocan el mal olor en el río Girona
Una gran pala con un brazo articulado se instaló ayer en una de las riberas para desde tierra sacar toneladas y toneladas de sedimentos y algas en descomposición que han acompañado este verano a los cientos de residentes
V. X. C.
Apenas una semana después de que los vecinos de la desembocadura del río Girona protestasen por el mal olor que desprenden las algas y los lodos estancados, la Confederación Hidrográfica del Júcar ya ha comenzado a poner remedio.
Una gran pala con un brazo articulado se instaló ayer en una de las riberas para desde tierra sacar toneladas y toneladas de sedimentos y algas en descomposición que han acompañado este verano a los cientos de residentes que habitan las urbanizaciones colindantes al río.
Sin embargo, el mal olor no ha sido la única preocupación vecinal. Desde octubre de 2007 -con la fatídica riada del Girona- las cosas ya no se ven con la misma óptica. Ni por parte de los vecinos, ni por el lado de las administraciones. Por eso, el taponamiento de la desembocadura del río preocupaba en especial a los ciudadanos que viven en la urbanización Torre Almadrava, que el 12 de octubre de 2007 se quedó literalmente colgando sobre el río después de que las aguas se engulleran la calle de acceso a las viviendas.
Quizá por ese motivo la actuación de la CHJ ha sido rápida aunque suelen realizar siempre estas limpiezas cuando acaba el verano, ante la llegada de las copiosas lluvias del otoño.
Falta por saber si el organismo que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente reforzará la desembocadura del río en el término municipal de Els Poblets, como reclamó su propio alcalde, Jaime Ivars, antes del verano.
Las últimas viviendas de la margen izquierda del cauce se quedaron sin protección por el desbordamiento del río hace dos años. En el otro lado del Girona la CHJ construyó una escollera con rocas para proteger el bloque de apartamentos de la urbanización antes mencionada.
Los vecinos de la zona se sienten desatendidos por las diferentes administraciones. Muchos de ellos son veraneantes que apenas pasan un mes al año en estas casas.
Pese a ello temen que la obstrucción de la salida de las aguas al mar pueda ser un detonante de otra catástrofe si se produce una gota fría.
http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2009/09/01/confederacion-inicia-retirada-algas-lodos-provocan-mal-olor-rio-girona/926135.html

¿Reformas en la Ley de Costas?

El País 28/08/2009
El Gobierno atenúa la Ley de Costas y deja vender las casas sobre la playa
Medio Ambiente suaviza de tapadillo la política de Narbona de recuperar el litoral

El Gobierno ha emprendido de tapadillo una reforma de la Ley de Costas que suaviza su aplicación. Para ello, Medio Ambiente ha introducido una enmienda a la Ley de Navegación Marítima -de otro ministerio y sin relación con el litoral- para permitir vender y comprar las casas construidas en dominio público, sobre la misma playa, y que hasta ahora no podían cambiar de dueño. El Ejecutivo comienza así, por la puerta trasera, a rebajar una de las políticas de Cristina Narbona que más problemas acarrearon al Gobierno: la recuperación del dominio público en el litoral.

El cambio no pasó por el Consejo de Estado, ya que se introdujo a última hora en la Ley de Navegación Marítima, elaborada por el Ministerio de Justicia y el de Fomento. Al tramitarse en comisión (la de Justicia, no la de Medio Ambiente) con competencia legislativa plena, el texto tampoco pasará por el Pleno de Congreso. Sin una línea en la exposición de motivos que justifique el cambio -al aprobarla el ministerio sí dio una críptica nota sobre la reforma-, Medio Ambiente abre una reforma de la Ley de Costas, norma clave de medio ambiente, vigente desde 1988.

La disposición final cuarta de la Ley de Navegación Marítima, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre, añade dos apartados a la Ley de Costas: "Las concesiones [a las viviendas construidas legalmente sobre la playa antes de 1988] serán transmisibles, previa autorización de Costas, por actos inter vivos, subrogándose el nuevo titular los derechos y obligaciones de la concesión". Es decir, que las concesiones no sólo se pueden heredar, sino que con esa reforma se podrán vender y comprar. Medio Ambiente tendrá tres meses para ejercer el derecho de tanteo.

Hasta ahora, el Estado otorgaba una concesión de 30 años (ampliables a 60) a los dueños de las casas construidas en dominio público antes de la ley, pero no podían venderlas (salvo excepciones con trámites complejísimos). La reforma, que aún deben aprobar las Cortes, afecta a las cosas construidas legalmente antes de 1988. El Constitucional aceptó en 1991 la fórmula de expropiación contemplada en la ley: que los dueños podrían disfrutar de las propiedades 30 años y que después pasarían a ser demolidas.

Aunque la ley tiene 20 años, fue la ministra Narbona la que comenzó a aplicarla realmente en 2004, ya que los ocho años anteriores apenas se avanzó en el deslinde de la costa -el trámite que delimita la zona pública y la privada de playa-.

Esto provocó miles de protestas, la creación de una Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (que calcula que hay 45.000 viviendas en esa situación) y quejas de las embajadas del Reino Unido y Alemania, ya que muchos de los compradores en primera línea eran extranjeros que, al adquirir su chalé, no fueron informados de que su casa podía pasar a manos del Estado.

La directora general de Costas, Alicia Paz, afirmó a este diario el pasado octubre que no había iniciado "ningún proceso de modificación legal" y que no sabía si se plantearía "algo puntual". Un mes y medio después, el Consejo de Ministros reformaba la ley. Medio Ambiente argumenta que el cambio legal es "una modificación puntual y no de fondo de la citada ley, ya que no altera en absoluto el espíritu de la misma" y que la reforma no contradice lo que declaró Paz.

Sin embargo, Javier Sanz, profesor de Derecho Administrativo en La Coruña y experto en el litoral, afirma: "No es que privatice la costa, pero es un cambio radical de entender las concesiones". En sentido parecido se pronuncia el abogado de la Plataforma de Afectados, José Ortega, quien lo califica como un cambio importante que afecta a mucha gente y va en la dirección correcta. Ortega fue muy crítico con Narbona y apoya el cambio de Elena Espinosa. Los dueños de casas en dominio público, muchos jubilados que se veían sin posibilidad de vender su casa, aplauden la medida.

La medida ha generado malestar entre técnicos de Costas, por la forma en que se ha hecho y por el fondo. Argumentan que dificultará la recuperación del dominio público. Hasta ahora, si Costas quería rescatar una concesión de una vivienda sobre la arena podía alegar ante el dueño que lo mejor era llegar a un acuerdo ya que no podría vender esa casa. Ahora, al poder venderlas, las viviendas se revalorizan y se dificulta la adquisición por parte de Costas.

Marcha atrás en el camino anterior

La ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona pisó muchos charcos. Y en dos de ellos -la costa y el agua- se terminó por ahogar. El retraso en las desaladoras que debían sustituir el trasvase del Ebro y las protestas de alcaldes y comunidades con costas (del PSOE y del PP) y de las embajadas de países de la UE por la aplicación de la Ley de Costas colmaron la paciencia de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Ésta, diputada por Valencia, llegó a supervisar deslindes de costas de Valencia para minimizar los daños.

El deslinde es un trámite muy complejo y aparentemente técnico, pero con gran relevancia ya que, basándose en criterios geográficos, se decide qué casas quedan en dominio público y cuáles pueden seguir en manos privadas. Hay mucho dinero en juego. Si en 2003, Medio Ambiente deslindó 332 kilómetros de costa, en 2007 superó los 1.500 kilómetros. Y las protestas se multiplicaron con la superficie deslindada. Más del 83% del litoral ya lo está.

Así que al otorgar la gestión del medio ambiente al equipo de Agricultura, uno de los objetivos de José Luis Rodríguez Zapatero era rectificar estas dos políticas. Y la ministra Elena Espinosa se ha puesto a ello a su manera, callada pero inexorable, sin los sobresaltos de Corbacho en la rectificación de la política de inmigración de la etapa de Caldera.

En materia de agua no queda ninguno de los responsables del anterior equipo, Medio Ambiente admite públicamente que "las desaladoras no son la panacea" y planea un nuevo trasvase desde el Tajo en Extremadura al Segura, algo impensable con el equipo antitrasvasista de Narbona. Con el cambio de la Ley de Costas comienza el cambio de rumbo para evitar problemas en el litoral.

Una norma clave

- La Ley de Costas, de 1988, declaró público todo el terreno de playa y hasta donde llegaban los mayores temporales conocidos.

- Las casas construidas antes de 1988 en dominio público pasaban a ser del Estado, que daba hasta 60 años de concesión a los dueños. Éstos no podían vender sus casas ni reformarlas sin permiso.

- La norma daba cinco años para completar el deslinde, trámite que delimita las que están en dominio público.

- La realización de deslindes fue a cámara lenta hasta 2004, cuando Narbona comenzó a aplicar la ley y originó una oleada de protestas que ahora el Gobierno quiere aplacar.

http://www.elpais.com/articulo/espana/Gobierno/atenua/Ley/Costas/deja/vender/casas/playa/elpepiesp/20090202elpepinac_1/Tes

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PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS

NOTA DE PRENSA

Ante las declaraciones del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino publicadas hoy en el diario El País, queremos hacer público lo siguiente:

La declaración constituye un reconocimiento de las denuncias contenidas en el Informe sobre aplicación abusiva, arbitraria y retroactiva de la ley de costas, elaborado para la Plataforma y presentado ante el Parlamento Europeo como queja contra España.

Resulta especialmente significativo que la Directora General reconozca la práctica abusiva seguida durante veinte años, y denunciada repetidamente por la Plataforma: ignorar el derecho de los afectados a la concesión administrativa prevista como indemnización por la pérdida de su propiedad y al mismo tiempo otorgar dicha concesión, para inmediatamente rescatarla, solo en los casos en los que había prevista una obra pública. Esto significa dos cosas: a) dar plenamente la razón a la Plataforma, cuando denunció en la sesión ante el Parlamento Europeo de 20.01.09 que se estaba produciendo un mecanismo de expropiación sin indemnización (ver video en http://www.youtube.com/user/COSTASMARITIMAS#play/uploads/50/5x_UKuDcH-Q

y b) pervertir el ordenamiento jurídico, transformando la concesión en un motivo de intranquilidad y miedo, al ser sinónimo de derribo, en lugar de significar seguridad jurídica y estabilidad, tal como prevé la ley de costas. Es decir, que con estas prácticas abusivas hoy por fin reconocidas por Alicia Paz, cuando los ciudadanos oían decir que les iban a dar la concesión, en lugar de aliviarse se echaban a temblar.

No es cierto que se vaya a reconocer derechos de concesión a todos los propietarios de casas sobre la arena, tal como publica el País. Desafortunadamente, son muchos los casos en los que la ley no reconoce este derecho. Por ejemplo, cuando los bienes ya habían sido declarados dominio público por un deslinde anterior o cuando el deslinde en cuestión es el primero que se tramita, incluso cuando la vivienda fuera de principios de siglo y estuviera inscrita en el registro de la propiedad. Es incalculable el número de ciudadanos que se encuentran en esta situación, y para los cuáles sigue siendo cierto que en España se practica la expropiación sin indemnización. Precisamente para resolver esos problemas presentamos a los partidos políticos una enmienda a la ley de navegación marítima orientada a que estos ciudadanos pudieran beneficiarse también del derecho de concesión. La iniciativa tenía por objeto evitar los derribos masivos que planeaba el Ministerio de poblados litorales tradicionales y humildes en Canarias, Galicia y otras partes del litoral. La enmienda fue presentada por Coalición Canaria y está en trámite.

El Ministerio reconoce que es imposible cuantificar el número de afectados con derecho a la concesión que no son titulares de la misma. Esto es lo mismo que reconocer el impresionante caos administrativo acumulado en la Dirección General de Costas durante estos veinte años, y desde luego se vuelve a dar la razón a la Plataforma cuando denunciaba que los ingenieros de costas solo están interesados en poner la línea, y todo lo demás se lo dejan sin hacer. Este todo lo demás incluye no solo el reconocimiento de las concesiones, cuando proceda, sino también la regularización de los inmuebles en el registro de la propiedad y el catastro. La increíble desidia de los responsables ha dado lugar a una bomba de relojería con la que las viviendas se están comprando y vendiendo, y las ventas se están inscribiendo en el registro de la propiedad, incluso cuando esas propiedades ya no existen por haber pasado al dominio público. El desbarajuste organizado por la propia Administración con su negligencia puede tener unas consecuencias impredecibles cuando los adquirentes se den cuenta de que los derechos que han comprado y pagado no existen. Todo esto obedece a la obsesión de los ingenieros de costas por deslindar a toda velocidad, dejando todo lo demás sin hacer y no reparando en las consecuencias.

Las discrepancias sobre el inicio del cómputo para empezar a contar el plazo de la concesión son otra consecuencia de la negligencia de la Dirección General de Costas. El reglamento de costas manda que si los interesados no la reclaman, la Administración otorgará la concesión de oficio, y ellos no han hecho nada en estos veinte años, es decir, no han otorgado ninguna concesión de oficio, excepto las que eran necesarias para proceder a una inmediata demolición. El problema que plantea el diario El País (si el plazo empieza a contarse desde el otorgamiento, los pocos propietarios diligentes, que pidieron y obtuvieron la concesión, se verán comparativamente perjudicados respecto a quienes no hicieron nada, que siguieron y siguen disfrutando de la vivienda sin título durante unos años que no cuentan) nunca se habría originado si la Dirección General de Costas hubiera cumplido con sus obligaciones de otorgar la concesión de oficio después de pasado un año de la aprobación del deslinde. Los responsables se olvidaron total y absolutamente de este aspecto de la cuestión y aquí vemos las consecuencias.

La orden de Narbona de 2007 no guarda mucha relación con la sentencia del Tribunal Constitucional 149/91, que tanto respeto mostró por la concesión de la Disposición Transitoria primera, apartado primero, de la ley de costas. Dijo le tribunal que la concesión era el pago en especie por una expropiación, y es razonable pensar que sus términos y condiciones deberían parecerse lo más posible al de la propiedad. Al contrario, Narbona aplicó a estos propietarios privados de sus bienes el régimen general de concesiones del reglamento de costas, es decir, las mismas normas que se aplican a quienes solicitan un espacio público en la arena para, por ejemplo, vender paellas. Entre otras limitaciones carentes de sentido se cuenta la de prohibir la transmisión inter vivos, que puede ser muy apropiada para los chiringuitos pero que resulta humillante para los propietarios desposeídos. Precisamente se dice por ahí que esta prohibición era una herramienta encubierta para que las concesiones así otorgadas carecieran de valor en mercado y de esta manera la Administración pudiera rescatarlas a precios ridículos.

El reportaje del País, aún queriendo dar a conocer innegables mejoras adoptadas por el Ministerio de Medio Ambiente, no deja de ser una confesión de caos, irresponsabilidad e ineptitud acumulados en veinte años por los sucesivos responsables de la Dirección General de Costas, unos ingenieros de caminos, canales y puertos, depositarios de altas responsabilidades jurídicas, que demostraron que lo único que les interesaba era poner la línea y que nos han dejado en herencia una catástrofe legal de complicada solución. Sospechamos que el gobierno lo ignoraba todo y que por eso la bola de nieve ha ido creciendo y creciendo. Consideramos que el Ministerio debería hacer una confesión pública expresa y pedir perdón a la sociedad por la negligencia y el desbarajuste, pero también parece clara la necesidad de una reforma muy profunda y severa en la propia Dirección General de Costas, dejando entrar a titulados universitarios dispuestos a respetar los derechos civiles.

El mecanismo de las concesiones administrativas como reparación por la pérdida de la propiedad es el testimonio de un país que intenta vivir por encima de sus posibilidades y un fracaso social, político y jurídico. España desea limpiar sus playas pero no tiene dinero para pagar las expropiaciones, así que se inventa ese mecanismo de la concesión, que a muchísimos propietarios no se les reconoce y a otros, aunque se les reconoce, no se les otorga. Incluso en el mejor de los casos, si la Administración hubiera cumplido su propia ley y cada ciudadano estuviera gozando de su concesión, incluso así la fórmula sería pobre, torpe e inadecuada. Aunque el Tribunal Constitucional haya declarado que la concesión es hábil como indemnización, nadie lo entiende, porque toda expropiación exige un justiprecio, esto es, un precio justo, y la concesión será un precio, pero ni es ni puede ser justo porque, por definición, es mucho menos que la propiedad. Por lo tanto, la medida que anuncia hoy el País, siendo simpática, no hace gracia a nadie ya que no hay un solo propietario que se sienta pagado con la concesión. Este es el motivo de que en el proyecto de reforma de la ley de costas elaborado por la Plataforma, se sustituya la concesión por un precio en dinero, como sucede en todas las expropiaciones.

De la misma forma que los ingenieros de costas han sembrado durante veinte años el caos administrativo, el Ministerio está ahora dedicándose a poner parches en lugar de proceder a una reforma meditada, prudente y responsable, pero clara, de la ley de costas, que ha demostrado ser una ley confiscatoria que promueve la expropiación sin indemnización o con indemnización notoriamente insuficiente. El próximo día 1 de enero José Luis Rodríguez Zapatero será presidente de turno de Europa. De esa misma Europa que, a través de su Parlamento, le ha pedido a España que cambie la ley de costas para, entre otras cosas, establecer una compensación suficiente a favor de quienes pierden la propiedad. Esto es lo que tiene que hacer el gobierno. Enfrentarse al problema y resolverlo.

La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas es consciente de que estos cambios y reformas se han originado como consecuencia del informe sobre aplicación abusiva, arbitraria y retroactiva de la ley de costas, su queja ante el Parlamento Europeo y el resto de su actividad de denuncia de los abusos. De no ser por estas denuncias e iniciativas, lo más seguro es que en el Ministerio no hubiera cambiado nada. La actividad de la Plataforma es un buen ejemplo de la necesidad de mantener una conciencia crítica y sobre todo de que los ciudadanos ejerzan sus derechos.

CONTACTO:

José Ortega

Portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas

Tf. 629511225